El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, serán denunciados penalmente por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario en la Justicia Federal. El motivo: la negativa a promulgar y reglamentar la Ley 27.739 de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada por ambas cámaras, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, lo que obligaba a su promulgación inmediata. La denuncia será presentada por los diputados nacionales Paulón y Fein.
Diputados nacionales presentarán en las próximas horas una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El motivo: la negativa a promulgar y reglamentar la Ley 27.739 de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada por ambas cámaras, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, lo que obligaba a su promulgación inmediata.
Los legisladores Esteban Paulón y Mónica Fein señalaron que el Senado notificó al Ejecutivo el 4 de septiembre, y pese a que ya pasaron más de diez días hábiles, la norma sigue sin publicarse en el Boletín Oficial. Advirtieron que, al tratarse de una insistencia legislativa frente a un veto, los plazos ordinarios no aplican y la promulgación debía ser automática. “Es una desobediencia flagrante a la Constitución”, remarcaron.
La demora impide la actualización de aranceles para terapias, transporte, talleres y centros educativos, lo que afecta a miles de personas con discapacidad en todo el país. Aunque la Agencia Nacional de Discapacidad prometió que “se está trabajando en la reglamentación”, el Gobierno no firmó la compensación presupuestaria que permitiría aumentos de entre 50% y 70% con ajuste mensual por inflación.
Los denunciantes no descartan ampliar la acusación por abandono de persona, al considerar que la inacción del Ejecutivo pone en riesgo derechos básicos y agrava la crisis del sector. Para los críticos, el caso expone una vez más la indiferencia del gobierno de Milei ante las obligaciones legales y las necesidades más urgentes de la población.
