Dos integrantes de fuerzas federales de seguridad deberán enfrentar indagatorias esta semana por las graves lesiones provocadas a manifestantes durante una movilización en defensa de los derechos de los jubilados, ocurrida hace más de seis meses frente al Congreso.
En causas separadas pero con un trasfondo común, la jueza María Romilda Servini citó al prefecto Sebastián Emanuel Martínez y al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusados de disparar contra manifestantes de manera directa y a corta distancia. En ambos casos, la investigación apunta a establecer si se trató de excesos individuales o si existieron órdenes superiores que habilitaron la represión con armas de disuasión.
Martínez está acusado de haber dejado ciego de un ojo a Jonathan Navarro al dispararle un proyectil Byrna cargado con gas pimienta en plena cara. El hecho quedó registrado gracias al trabajo del Mapa de la Policía de la Ciudad, una herramienta ciudadana que permitió reconstruir los operativos y aportar pruebas a la Justicia.
En la misma jornada, pero en otro sector de la Plaza del Congreso, Guerrero disparó una posta de gas lacrimógeno en línea recta que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, quien sobrevivió gracias a la atención médica recibida en el hospital Ramos Mejía.
Ambos episodios vuelven a poner bajo la lupa el esquema represivo del gobierno de Javier Milei y la responsabilidad política de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalada por organismos de derechos humanos como responsable de la forma en la que se desarrollaron los operativos.
