En un operativo conjunto en Santa Fe, autoridades federales rescataron a 31 personas -dos menores de edad entre ellos- que se encontraban sometidas a condiciones de explotación laboral en dos establecimientos rurales ubicados cerca de la ruta provincial 77, en la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio.
Las víctimas, provenientes de Los Juríes (Santiago del Estero), trabajaban en los campos “Establecimiento Santa Ana” y “La Revancha e Isabelliana S.A.”. Según informaron fuentes judiciales, percibían 300 mil pesos por quincena pero se les descontaba el costo de la comida, carecían de agua potable y debían realizar sus necesidades en tachos improvisados. Además, no podían retirarse del lugar y permanecían incomunicadas; solo algunos contaban con su documento de identidad.
El procedimiento estuvo a cargo del juez federal de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien ordenó los allanamientos y el secuestro de celulares y un cuaderno con anotaciones. Hasta el momento hay dos personas imputadas por el caso.
En la investigación intervienen el fiscal federal Jorge Gustavo Qnel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se encuentra asistiendo y alojando a las personas rescatadas. La apertura de una causa judicial es clave para esclarecer las responsabilidades penales de los acusados y reparar los derechos de las víctimas.
