
Francia vuelve a sacudirse políticamente. Ayer el presidente Emmanuel Macron designó al actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro, horas después de que François Bayrou presentara su renuncia tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional por 364 votos contra 194. Lecornu será el cuarto jefe de Gobierno en alrededor de un año y deberá encarar un escenario de fragmentación parlamentaria y tensiones sociales.
Bayrou, de 74 años, había sido designado por Macron en diciembre pasado y apenas llevaba nueve meses en el cargo. Su plan de recortes presupuestarios de 44.000 millones de euros -que incluía congelar jubilaciones, eliminar feriados, despedir empleados estatales y crear un nuevo impuesto para grandes fortunas- terminó uniendo a la oposición en su contra y precipitó su salida.
Lecornu, de 39 años, es el ministro de Defensa más joven en la historia de Francia y uno de los arquitectos del plan de rearme hasta 2030, impulsado por la guerra en Ucrania. Exconservador incorporado al movimiento centrista de Macron en 2017, tiene experiencia en administraciones locales y en la gestión de conflictos sociales, como durante las protestas de los “chalecos amarillos” o las negociaciones por mayor autonomía en Guadalupe en 2021.
El nombramiento llega en vísperas de una jornada de protestas bautizada “Bloquearlo todo”, que amenaza con paralizar al país. El Gobierno ha desplegado un dispositivo de seguridad excepcional con 80.000 policías para evitar incidentes.
Según el comunicado del Elíseo, el nuevo primer ministro tendrá como prioridad inmediata negociar con todos los partidos representados en la Asamblea un acuerdo presupuestario antes de conformar su gabinete. “Su trabajo estará guiado por la defensa de nuestra independencia y de nuestro poder, al servicio de los franceses y de la estabilidad política e institucional para la unidad de nuestro país”, afirmó Macron.
El ascenso de Lecornu refleja tanto la necesidad de continuidad en un contexto de crisis como el intento de Macron por recomponer la gobernabilidad. El desafío será mayúsculo: redactar un presupuesto que logre sostener la política económica del Ejecutivo en un Parlamento dividido y frente a un clima social cada vez más convulso.