La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el escándalo de la criptomoneda $Libra resolvió citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que declare como testigo antes del 26 de octubre, en caso de inasistencia legisladores podrían pedir a la Justicia que la obligue a comparecer por el Criptogate. Ayer el titular de la Oficina Anticorrupción y una funcionaria del ministerio de Justicia pegaron el faltazo.
La Comisión $LIBRA se reactivó en su funcionamiento y ayer dos funcionarios claves no se presentaron para dar testimonio de la investigación que involucra al presidente Milei y su entorno por la presunta estafa cripto.
María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, y Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, fueron quienes no asistieron al Congreso, a su vez que alegaron por escrito que la investigación ya había sido realizada por la Justicia. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, aclaró que estas notas no ingresaron formalmente y que ambos funcionarios podrían ser intimados oficialmente.
El único citado que compareció fue Luis Villanueva, ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, cuyo testimonio comprometió directamente al presidente Javier Milei respecto a su rol en la promoción de la criptomoneda. «Es difícil decir que lo que hizo Milei no es un acto de promoción, podría no haber puesto el link. El problema es que tiene información que no tenía otro y la manera en la cual lo expresó. Si no hubiera puesto los datos para hacer el negocio era más defendible», declaró Villanueva.
- La criptomoneda $Libra fue promovida por el presidente el día de su lanzamiento, lo que provocó que su precio escalara abruptamente antes de colapsar, generando pérdidas estimadas en 100 millones de dólares entre miles de damnificados.
El escándalo se profundizó cuando trascendieron fotografías del promotor de $Libra, Hayden Davis, junto al presidente, además de registros de ingresos a la Casa Rosada del emprendedor estadounidense y otros intermediarios locales vinculados al proyecto, todos con autorización de Karina Milei. Actualmente, numerosos inversores perjudicados han presentado demandas en la Justicia estadounidense, donde los hermanos Milei aparecen mencionados, aunque aún sin acusaciones concretas formuladas en su contra.
