Este miércoles La Rioja marchó en contra del ajuste de Milei en discapacidad en Plaza 25 de Mayo. La Agencia de Noticias La Rioja pudo dialogar con familias que relataron su padecimiento ante la quita de pensiones que el gobierno nacional realiza de un plumazo. Las historias revelan la cara más cruel del recorte.
Una multitud se congregó este miércoles en el corazón de La Rioja para gritar lo que muchas familias viven en silencio: el gobierno nacional está vulnerando derechos adquiridos de las personas con discapacidad, cortando de un plumazo pensiones y coberturas que representan la diferencia entre una vida digna y el abandono total.
Julieta llega a la plaza junto a su hija Gema, de 21 años, que se desplaza en silla de ruedas, y ambas parecen desafiar con su sonrisa el peso de la injusticia que las rodea. A su lado, Soledad, la kinesióloga que las acompaña como un miembro más de la familia, las sostiene en cada paso. Pero cuando Julieta se acerca a hablar con un grupo de periodistas, la alegría se transforma en un relato cargado de seriedad y dolor: la suspensión de la pensión por discapacidad de Gema les arrebató no solo un derecho, sino la seguridad que les daba un futuro más digno, y con él, la tranquilidad de sus días.
“Vengo a la marcha para reclamar porque le suspendieron la pensión sin previo aviso y no le llegó la notificación”, fueron las palabras de Julieta ante la primera pregunta que rompió el hielo de lo que será un relato crudo sobre la realidad de la crueldad del abandono estatal.
Al igual que más de 100 mil personas en el país, Gema que tiene parálisis cerebral, sufrió la baja de su pensión sin ningún aviso. “El gobierno nacional jamás nos informó que documentación debíamos presentar y de la nada nos sacaron la pensión”, lamentó la mujer.
La desesperación de Julieta es palpable: «Están violando los derechos de discapacitados. Muchas veces pensé en tirar la toalla, pero pienso en mi hija y que no merece ni tiene la culpa de ser así». Durante un año completo hizo denuncias a la superintendencia de la obra social nacional sin recibir respuesta alguna.
La Kinesióloga Soledad Córdoba, acompaña a Gema y explicó «Hoy Gema no recibe rehabilitación, no tiene terapia ocupacional ni fonoaudiología ni cuidadores. Perdió todo: desde terapia hasta pañales, medicamentos y transporte».
Asimismo detalló que «Gema utiliza una bomba de baclofeno que necesita recargarse y si no se recarga puede llegar a convulsionar. Su medicación vale 2 millones de pesos». Una cifra imposible para cualquier familia trabajadora.
La profesional cerró con un llamado que resonó en toda la plaza: «Le pido a la gente que nos apoye, la discapacidad no avisa, viene y te golpea. Hoy decimos basta del ajuste para los jubilados, universitarios, personas con discapacidad. Debemos luchar por los derechos de todos».
Rosana Flores, presidenta de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) La Rioja, también habló con Agencia de Noticias La Rioja sobre la realidad que atraviesa: «Los chicos necesitan la pensión porque con ella consiguen la medicación para su vida diaria. Están siendo vulnerados en sus derechos que fueron adquiridos hace muchos años y ahora por capricho del presidente se les da de baja».
Flores desmintió cualquier motivación política detrás de la protesta: «Muchos creen que esta marcha es política contra el presidente, pero no es así. Fue el presidente quien se metió contra los más vulnerables».
Amelia Velardez llegó a la plaza con el dolor a cuestas de una madre que vio cómo su hija con retraso mental madurativo perdió todo en agosto. «De un día para el otro se dio de baja. Le dieron de baja la parte médica y el colectivo con el que se transportaba», relató con la voz quebrada.
La historia de Amelia tiene ribetes de crueldad burocrática: «Mi hija está enojada porque cumplió años en agosto y tenía esperanza de recibir el dinero de la pensión, pero no pudo festejar porque no recibió la pensión». Pese a tener el certificado avalado por la junta médica y haber cumplido todos los trámites, la respuesta del Estado fue el silencio y el recorte.
Las historias de Julieta, Soledad, Rosana y Amelia son solo una muestra de las miles de familias que hoy enfrentan la misma situación en todo el país. En La Rioja, como en el resto de Argentina, la discapacidad no distingue clases sociales ni ideologías políticas. Lo que sí distingue es la respuesta del Estado: mientras las familias luchan día a día por la dignidad de sus seres queridos, las decisiones se toman desde escritorios lejanos, sin rostro y sin aviso previo.
