El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial en la que solicitó allanamientos a las oficinas de Carnaval Stream y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de empresarios vinculados al sector mediático. La acusación sostiene que la difusión de audios atribuidos a Karina Milei formó parte de “una operación de inteligencia ilegal” destinada a “desinformar y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones”.
La presentación, realizada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad, quedó en manos del Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini. Entre las medidas de prueba requeridas se incluyen “allanamientos y secuestro forense” en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, medio señalado por su vínculo con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). También se pidieron allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, del empresario Franco Bindi y de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal Data Clave.
Para la Casa Rosada, se trató de “un ataque planificado” que busca “generar caos, desinformación y desestabilizar el proceso electoral”, con una supuesta influencia extranjera.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que incluso “las grabaciones podrían haberse realizado en la propia Casa Rosada” y que la campaña de difusión muestra “patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
Tras la denuncia, la Justicia dictó una medida cautelar que ordena “el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el 29 de agosto de 2025, atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio, plataforma o red social”. Para el Gobierno, la resolución constituye un reconocimiento de que se trata de “una grave violación a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”.
La denuncia generó una inmediata reacción de los comunicadores señalados. Jorge Rial, en su editorial de C5N, defendió su trabajo: “Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Y parece que ese laburo molesta al poder, y gracias a Dios que molesta al poder”.
Por su parte, Mauro Federico cuestionó la estrategia oficial en diálogo con Futurock: “El Gobierno tuvo un registro tardío de lo que estaba sucediendo. La mejor estrategia que decidieron no fue denunciar a Spagnuolo o defenderlo, fue denunciar a los periodistas”.
Las próximas audiencias judiciales definirán si los allanamientos solicitados se concretan.
