La Secretaría de la Mujer y Diversidad, a través de su Observatorio de Violencias de Género, informó que en los primeros seis meses de 2025 se asistió a 1.280 mujeres en situación de violencia, lo que representa un incremento del 55% en comparación con el mismo período de 2024, cuando la cifra había sido de 824.
El informe semestral detalla que el 90% de los casos ingresaron por oficio judicial y que en el 66% de las situaciones los agresores ya habían sido denunciados previamente. La mayoría de las personas que institucionalizaron la demanda tienen entre 25 y 39 años, más del 90% son mujeres cis y un 10% mujeres trans o travestis.
Respecto a la tipología de violencia, en 2024 predominaban los casos psicológicos (40%), seguidos de los físicos (20%), simbólicos (18%) y económicos/patrimoniales (12%). Este año, el reporte incorpora un nuevo dato: el impacto sobre las infancias. El 56% de las mujeres tiene hijos con su agresor y, de ellas, el 46% manifestó haber sufrido violencia frente a sus hijos. La mayoría, además, sostiene a sus familias con empleos informales y subsisten principalmente con la alimentación.
Otro aspecto relevante es el nivel de riesgo: un 48% de las mujeres se encuentra en riesgo alto y un 12% en riesgo altísimo. En términos concretos, 6 de cada 10 mujeres asistidas atraviesan condiciones críticas que podrían derivar en intentos de femicidio si no media la intervención estatal.
El informe también destaca que 17 mujeres salvaron sus vidas gracias a la activación de dispositivos estatales como botones antipánico, tobilleras electrónicas, medidas judiciales, refugios y la intervención de las fuerzas de seguridad.
Aunque los mecanismos de protección demostraron ser eficaces para evitar femicidios, el reporte no deja de advertir sobre lo urgente que es fortalecer la detección temprana y el acompañamiento integral. El principal déficit identificado es la percepción del peligro: la normalización o invisibilización de la violencia incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.
