El gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en el Congreso este jueves, cuando el Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría el financiamiento universitario, emergencia pediátrica y rechazó en bloque cinco decretos de desregulación de organismos estatales, evidenciando la creciente debilidad política del oficialismo en el Poder Legislativo.
Financiamiento universitario: victoria opositora
Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta sancionó la ley de financiamiento universitario, que ajusta las partidas de universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia y tecnología según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
La norma incluye la recomposición salarial para docentes y no docentes, además de partidas destinadas a becas e investigación. La oposición logró adelantar la sesión sorteando el reglamento que exige siete días entre dictamen y tratamiento, consolidando así el respaldo político que ya había obtenido media sanción en Diputados el 7 de agosto.
Emergencia pediátrica y fondos para el Garrahan
En paralelo, el Senado sancionó la ley de Emergencia en Pediatría y Residencias, que declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud.
Uno de los artículos más relevantes recoge el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan y otros hospitales del país, exigiendo «la recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes», que «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023».
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), equiparar esas remuneraciones al nivel de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual estimado en $133.433 millones.
Decretos de Sturzenegger: rechazo contundente
El principal golpe al gobierno llegó con el rechazo masivo de cinco decretos impulsados desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger. La votación resultó en 60 votos negativos, 10 a favor y una abstención, reflejando un claro rechazo a las políticas de reorganización estatal.
Los decretos rechazados incluían la intervención de organismos públicos clave:
- Decreto 351/2025: Banco Nacional de Datos Genéticos
- Decreto 340/2025: Marina Mercante
- Decreto 345/2025: Instituto Nacional del Teatro y Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
- Decreto 461/2025: Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Decreto 462/2025: INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV
Estos decretos ya habían sido rechazados en la Cámara de Diputados, por lo que quedan definitivamente sin efecto.
Veto presidencial en el horizonte
La Libertad Avanza anticipó su rechazo a las leyes sancionadas, publicando que «el superávit fiscal no se negocia» y señalando un eventual veto presidencial. Sin embargo, la oposición busca demostrar un amplio respaldo previo al veto, asegurando contar con la mayoría calificada de dos tercios necesaria para rechazar un eventual veto.
