El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo protocolo que obliga a los padres a cumplir con el calendario de vacunación infantil, bajo amenaza de sanciones económicas y penales. La resolución, publicada en el Boletín Oficial y vigente desde esta semana, establece que ante una negativa por escrito a vacunar, las familias tendrán 30 días para regularizar la situación antes de ser denunciadas ante la policía, el Poder Judicial o autoridades municipales.
El protocolo alcanza a menores y personas incapaces, y establece que tanto escuelas como instituciones de salud y cualquier funcionario público deberán informar los casos de incumplimiento.
De persistir la negativa, se contemplan multas de entre 84.000 y 336.000 pesos, arresto de hasta cinco días o trabajo comunitario. Si hay reincidencia, las sanciones pueden triplicarse. También se prevén castigos para los agentes estatales que omitan comunicar estos casos.
La directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, defendió la medida y aclaró que no busca castigar sino “cuidar a la población”. Afirmó que si bien el número de familias antivacunas es reducido, persisten sectores con “posiciones extremas” y con desconocimiento sobre enfermedades que hoy no circulan gracias a la inmunización.
Además, destacó que el incumplimiento suele incrementarse cuando hay varios hijos o durante la adolescencia, por lo que el nuevo protocolo busca reforzar la cobertura y evitar brotes prevenibles.
