El reciente discurso del presidente Javier Milei en la Sociedad Rural Argentina dejó al desnudo una serie de incongruencias que exponen con crudeza las prioridades de su gobierno. En el mismo acto en el que prometió vetar cualquier intento legislativo por mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en discapacidad —a quienes acusa de poner en riesgo el “equilibrio fiscal”—, anunció una drástica reducción en las retenciones al sector agroexportador, uno de los más concentrados y rentables del país.
La contradicción es tan evidente como alarmante. Mientras Milei justifica sus vetos a leyes de corte social con el argumento de que amenazan el superávit fiscal, en paralelo renuncia a millonarios ingresos del Estado favoreciendo a los grandes productores de granos y carne, actores que se encuentran entre los principales beneficiarios de su modelo económico. El mensaje es claro: no hay recursos para los más vulnerables, pero sí hay alivio impositivo para los sectores de mayor poder económico.
La reducción de retenciones implica una pérdida concreta de fondos que podrían ser destinados a políticas públicas fundamentales como el aumento de haberes previsionales, la atención a personas con discapacidad, la salud o la educación. Lejos de una visión de equidad, el gobierno opta por aliviar la carga fiscal de quienes más tienen, mientras niega auxilio a quienes más lo necesitan.
Durante su intervención, el presidente calificó de “genocidas” a los legisladores que impulsan proyectos de ley que apuntan a mejorar la calidad de vida de jubilados y personas con discapacidad. En su afán por sostener una narrativa de combate contra “la casta” y de blindaje del ajuste, Milei apela a un discurso cada vez más violento y deshumanizante, al tiempo que se alinea sin pudor con los intereses del establishment económico.
La paradoja es brutal: vetar una mejora para quienes cobran la mínima o dependen de prestaciones por discapacidad en nombre de la austeridad, pero al mismo tiempo recortar impuestos a un sector que acumula ganancias en dólares y goza de ventajas estructurales. Es el ajuste selectivo, direccionado, que castiga a los débiles y premia a los poderosos.
Detrás del gesto hacia la Sociedad Rural no hay solo ideología: hay una clara apuesta por consolidar un modelo de país donde el capital concentrado y las grandes corporaciones dicten el rumbo económico, mientras se desmantela el Estado como herramienta de igualdad y protección social. Milei no sólo repite viejos dogmas neoliberales, sino que lo hace profundizando la desigualdad con cada decisión.
El discurso libertario, que se presenta como antisistema, termina revelando su verdadera cara: una gestión al servicio de los mismos intereses que históricamente concentraron riqueza y poder en la Argentina. La “motosierra” no corta parejo. Apunta siempre hacia el mismo lugar: los sectores populares, los jubilados, las personas con discapacidad. Mientras tanto, los que más tienen, siguen ganando.
La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse este doble discurso sin enfrentar un costo político. Porque detrás del marketing de la libertad, crece el malestar de los que ven cómo se les niega todo mientras otros se llevan cada vez más.
