El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue denunciado penalmente por presuntas maniobras irregulares en la contratación de una empresa vinculada a su familia. La denuncia fue presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa y apunta a un posible tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato millonario a Tech Security SRL, firma en la que Menem fue socio hasta diciembre de 2023. Si bien oficialmente se desligó de la empresa antes de asumir su banca, la acusación sostiene que sigue vinculado a la firma y que la cesión de acciones a sus hermanos no alcanzaría para eludir el “período de sospecha”, establecido por ley para evitar conflictos de interés durante los dos años posteriores a la salida de una sociedad.
El contrato en cuestión fue otorgado directamente por el Banco Nación a Tech Security SRL por un monto cercano a los 3.900 millones de pesos, con una duración inicial de dos años y la posibilidad de extenderse hasta 2029. La decisión fue firmada por el presidente del Banco, Daniel Tillard, sin pasar por un proceso licitatorio competitivo, lo que despierta sospechas sobre posibles irregularidades administrativas. La denuncia presentada ante la Justicia menciona delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias, además de una posible violación a la ley de ética pública.
Desde el oficialismo intentaron minimizar la situación y aseguraron que no hubo nada fuera de lo legal, mientras que desde el Banco Nación anunciaron que recurrirán a la Oficina Anticorrupción para revisar el proceso y aportar mayor transparencia, aunque aclararon que no tienen competencia sobre la denuncia penal ni el control parlamentario. La empresa Tech Security ya venía prestando servicios al Estado en distintas gestiones, lo que desde el entorno de Menem se utiliza como argumento para desestimar la denuncia. Sin embargo, el vínculo directo con una figura de alto rango del gobierno actual genera un fuerte contraste con el discurso de anticorrupción y transparencia que sostiene el oficialismo.
La presentación judicial ya fue formalizada y el caso podría derivar en un proceso de investigación penal. Además, no se descarta que se inicie un proceso de juicio político en el Congreso para evaluar la posible responsabilidad institucional de Menem. El expediente pone el foco en la delgada línea entre lo privado y lo público, y plantea interrogantes sobre el uso del poder legislativo para beneficiar intereses familiares. Las próximas semanas serán clave para determinar si el caso avanza judicial y políticamente, o si quedará encapsulado como un escándalo más sin consecuencias.