Este 18 de julio se cumplen 31 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó 85 muertes, más de 300 personas heridas y dejó una herida abierta en la historia del país. A más de tres décadas, el reclamo por justicia sigue vigente y sin respuestas concretas por parte del Estado.
Distintas organizaciones activistas, como Amnistía Internacional o Memoria Activa denuncian cada año que ningún gobierno ha logrado esclarecer lo ocurrido, ni identificar ni juzgar a los responsables del ataque y su encubrimiento. En este sentido, se remarca que la impunidad sigue siendo una constante en la causa judicial.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia histórica en el caso Memoria Activa vs. Argentina, en la que responsabilizó al Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el atentado con la debida diligencia, por haber encubierto los hechos y por obstaculizar el acceso a información clave.
El fallo internacional también reconoció que se violó el derecho a la verdad, tanto por las irregularidades de la investigación como por las trabas impuestas a las familias de las víctimas. Por ello, la Corte ordenó al Estado remover todos los obstáculos, reimpulsar las investigaciones y garantizar el acceso a la documentación del caso.
En este nuevo aniversario, Amnistía Internacional exige al Estado argentino que cumpla con la sentencia de la Corte IDH, que garantice una investigación independiente y eficaz, y que fortalezca sus políticas de prevención del terrorismo con un enfoque de derechos humanos. La impunidad no puede seguir siendo una opción.