La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó la colocación de una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023. La medida busca evitar una posible fuga, tras el hallazgo de 14 mil dólares en su domicilio durante un operativo de la Policía Federal.
Además, Bolsonaro no podrá acceder a redes sociales, mantener contacto con su hijo Eduardo -también investigado- ni acercarse a embajadas, ante el riesgo de que solicite asilo político en países aliados como Estados Unidos, Argentina o Hungría.
El juez Alexandre de Moraes dispuso un monitoreo permanente del exmandatario, y desde la Fiscalía General ya lo acusan de graves delitos como intento de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y asociación criminal. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años de prisión.
En paralelo, el expresidente estadounidense Donald Trump publicó una carta de apoyo en su red social “Truth Social”, calificando el proceso como “injusto” y exigiendo su finalización inmediata. También trascendió que su gobierno evalúa sanciones contra el juez Moraes.
El actual presidente Lula da Silva repudió la actitud de los Bolsonaro, calificándolos como “traidores a la patria” y advirtió que no aceptará chantajes ni presiones extranjeras. La crisis judicial, lejos de debilitarlo, parece fortalecer su imagen pública y el respaldo institucional a su gestión.