Una nueva polémica sacude al gobierno nacional tras conocerse que una empresa vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue preadjudicada con un contrato multimillonario para brindar servicios de seguridad al Banco Nación.
Se trata de la firma Tech Security SRL, cuyo control pertenece a Fernando Nicolás y Eduardo Adrián Menem, hermanos del actual diputado libertario. La empresa fue beneficiada con un contrato por más de 3.900 millones de pesos para prestar servicios en dependencias centrales del Banco Nación, el Aeroparque Jorge Newbery y otras locaciones clave durante un plazo de 24 meses, con posibilidad de prórrogas anuales.
Aunque Martín Menem cedió sus acciones en la empresa antes de asumir como titular de la Cámara baja, la estrecha relación familiar con los actuales propietarios genera fuertes sospechas de conflicto de interés y favoritismo. Además, Tech Security SRL no es la única firma del entorno Menem que habría sido favorecida en licitaciones públicas durante el actual gobierno. Desde diciembre de 2023, el conglomerado de empresas asociadas a los hermanos Menem habría recibido contratos por más de 4.000 millones de pesos.
A esto se suma el caso de GPS Group, otra empresa de seguridad ligada al mismo círculo, que habría heredado contratos y sumado nuevas adjudicaciones por más de 3.000 millones. También aparece una empresa de limpieza relacionada a allegados, que habría acumulad más de 1.300 millones en contrataciones estatales, incluyendo servicios en la propia Cámara de Diputados.
La revelación del contrato otorgado a Tech Security SRL pone en entredicho el discurso oficial del gobierno nacional contra la “casta política”, ya que implica una concentración de negocios estatales en manos de un entorno familiar con acceso privilegiado al poder.
Legisladores de la oposición ya anticiparon que presentarán pedidos de informes para exigir explicaciones sobre la contratación y para investigar posibles incompatibilidades. Mientras tanto, el Banco Nación y otros organismos públicos se encuentran bajo la lupa por la falta de transparencia en los procesos de licitación.
Este escándalo vuelve a encender el debate sobre los vínculos entre funcionarios de alto rango y los negocios con el Estado, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y recortes en áreas sensibles. La contradicción entre la narrativa oficial y la realidad de las contrataciones públicas genera tensiones crecientes tanto dentro como fuera del ámbito político