En una movida inédita, el Gobierno nacional legalizó la creación de “infiltrados digitales”: agentes encubiertos operando con perfiles falsos en redes sociales bajo supervisión judicial. La medida genera alarma por su potencial para espiar opositores y movimientos críticos.
El Gobierno de Javier Milei, junto a la ministra Patricia Bullrich, presentó un protocolo oficial para que las fuerzas de seguridad puedan usar identidades falsas en redes sociales. Estos “infiltrados digitales” actuarán como trols oficiales, haciéndose pasar por ciudadanos comunes para investigar supuestos ciberdelitos y otras conductas consideradas de alto riesgo.
La resolución, publicada recientemente en el Boletín Oficial, da luz verde a la creación de avatares digitales completos, incluidos DNI falsos emitidos por el RENAPER, con el fin de infiltrarse en redes sociales, chats y foros. Aunque la norma establece que la práctica deberá contar con aprobación judicial, la supervisión recae en una unidad especial de agentes encubiertos dependiente del Ministerio de Seguridad.
Si bien el Ejecutivo sostiene que la medida apunta a combatir delitos como trata de personas, estafas online y pornografía infantil, críticos advierten que no existe un límite claro para evitar que se utilice con fines políticos: bajo el paraguas de «delitos complejos», por ahora se habilita una estructura que podría emplearse para monitorear a opositores, periodistas y manifestantes.
De hecho, la Argentina ya ha anuido a un patrón de espionaje sobre ciudadanos críticos, reflejado en un Plan de Inteligencia Nacional que incluye seguimiento a quienes “manipulan la opinión pública”, rol donde han sido mencionados periodistas, activistas y jubilados . A esto se suman las recientes facultades otorgadas por decreto para que la Policía Federal actúe en el ciberespacio sin orden judicial previa .
Con la figura del “infiltrado digital”, engrasada ahora mediante un protocolo oficial, el Gobierno avanza un paso más: legaliza los trols encubiertos pagados por el Estado, con formación académica, registro formal y protección legal. Incluso se creó un ‘Consejo Académico’ para instruir a los agentes, respaldado por un juez federal al frente .
El ambiente de gobierno, según críticos como Amnistía Internacional y organizaciones de defensa de derechos humanos, ya muestra señales autoritarias. Estos organismos temen que la herramienta se use para patrullar el pensamiento, hostigar a quienes expresen críticas y limitar el espacio de disidencia digital, profundizando un cerco comunicacional que ya había sido denunciado anteriormente .