El presidente Javier Milei anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso que otorga un aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas, lo que representa una suba de apenas $22.000, llevando el haber básico de $309.000 a $331.000. La decisión del Ejecutivo generó una fuerte reacción social y política, ya que se trata de una mejora ínfima en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo, donde miles de jubilados sobreviven con ingresos por debajo de la canasta básica.
El proyecto, votado con amplia mayoría en ambas cámaras, también elevaba el bono previsional de $70.000 a $110.000, pero el Gobierno lo consideró “fiscalmente inviable”. Desde la Casa Rosada, justifican el veto en la necesidad de mantener el superávit, aunque el impacto de esta suba sobre las cuentas públicas es mínimo.
La medida desnuda una lógica que ya no se puede disimular: el ajuste no es contra la casta, sino contra los jubilados, trabajadores y sectores populares. Mientras se recortan partidas esenciales para la salud, la educación y la previsión social, se mantienen intactos los recursos para inteligencia, gastos en viajes oficiales y beneficios para sectores concentrados.
El veto todavía no se hizo efectivo, ya que el Ejecutivo dispone de diez días hábiles desde la recepción formal de la ley para confirmarlo. Sin embargo, el propio Milei ya adelantó públicamente su decisión, incluso tildando a la iniciativa de “populismo legislativo”.
El aumento de $22.000 podría haber representado un pequeño alivio para quienes hoy no llegan a cubrir ni medicamentos ni alimentos básicos. Pero el Gobierno optó por sostener su línea de austeridad a rajatabla, aun cuando se trate del eslabón más débil de la cadena.