El Gobierno Nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció esta mañana una reforma migratoria que endurecerá los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y reducirá los procesos de deportación. La medida se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las principales impulsoras de esta iniciativa, que busca ampliar los mecanismos para expulsar a personas extranjeras del país. Esta política retoma medidas similares aplicadas durante la administración de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.
El presidente Javier Milei ya había anticipado esta reforma el 1 de marzo durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso, Milei argumentó que Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero que no puede permitirse ser “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”, y que la reforma es necesaria para consolidar un país “serio”.
Uno de los puntos centrales del decreto es la propuesta de que los extranjeros no residentes deban pagar por el acceso a la salud pública. Sin embargo, esta medida solo podría aplicarse en los hospitales nacionales, que son los que están bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa también ha generado visiones sobre posibles extensiones a otros servicios públicos, como la educación.
La reforma migratoria anunciada genera dudas sobre el equilibrio entre la apertura económica y la protección del empleo y la producción nacional. Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en la comunidad migrante y en la imagen internacional de Argentina como país receptor de inmigrantes.