A pesar del fuerte impacto que ya generan las tarifas en los hogares argentinos, el Gobierno nacional volvió a autorizar un nuevo incremento en los servicios públicos de energía. Esta vez, se trata de un aumento en torno al 2,5% en las facturas de luz y gas natural, que regirá desde mayo, y que se inscribe en un plan de ajuste tarifario mensual que se extenderá durante los próximos cinco años.
La decisión fue formalizada este miércoles a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial. En paralelo, se aprobó la aplicación plena de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), un mecanismo que prevé subas mensuales hasta noviembre de 2027.
Con esta medida, el Ejecutivo consolida su política de «sinceramiento» de tarifas, en medio de un contexto inflacionario que continúa deteriorando el poder adquisitivo de las familias. En concreto, a partir del mes próximo, el aumento promedio será de 2,4% para la energía eléctrica y 2,52% para el gas natural. Pero además, se aplicará un incremento del 3% correspondiente al componente de transporte y distribución, que será seguido por 30 subas mensuales consecutivas.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo avaló los nuevos cuadros tarifarios con el argumento de que “es necesario evitar el deterioro del sistema energético” y sostuvo que la política oficial busca equilibrar los costos reales del servicio con la “continuidad del proceso de desinflación”. Sin embargo, la decisión genera preocupación entre usuarios y organizaciones sociales, que advierten sobre el peso creciente de las tarifas en la economía doméstica.
Las resoluciones del ENRE también incluyen una fórmula automática de actualización que ajustará las tarifas según los índices de precios mayoristas (IPIM) y al consumidor (IPC), lo que garantiza que las facturas seguirán subiendo mes a mes, aun si se estabiliza la inflación.
El Gobierno celebró el nuevo esquema, al que definió como “previsible y sustentable”, y aseguró que “devuelve certidumbre al sector energético”. No obstante, sectores de la oposición y analistas advierten que esta senda de incrementos sostenidos, sin una contención efectiva para los sectores más vulnerables, profundiza la desigualdad y agudiza el ajuste sobre los sectores medios y bajos.
La emergencia energética, prorrogada hasta julio de 2025, sigue siendo el marco normativo que permite al Ejecutivo avanzar con estas decisiones sin necesidad de pasar por el Congreso.