El estudio legal Burwick Law ha presentado una demanda colectiva ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York en relación a la presunta estafa vinculada con la criptomoneda Libra, la cual fue promocionada por Javier Milei a través de su cuenta en X. Esta acción judicial marca un momento significativo en la relación entre el presidente argentino y el polémico criptotoken.
Cabe destacar que Javier Milei, su hermana Karina, su vocero Manuel Adorni y los propietarios de Tech Frum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, no figuran como demandados en esta instancia inicial. La razón detrás de esta exclusión radica en la estrategia de Burwick Law, que busca principalmente obtener una compensación económica para más de 200 víctimas que se sienten estafadas por la operación de Libra.
Sin embargo, la situación podría cambiar en el futuro, dependiendo de la evolución de la investigación. A pesar de no estar incluidos en la demanda por el momento, se menciona que Milei y su equipo podrían enfrentar problemas legales adicionales a medida que la situación se desarrolle.
La demanda sostiene que Milei fue un actor clave en el lanzamiento de Libra, indicando que su respaldo de alto perfil otorgó al proyecto un aire de legitimidad que podría haber atraído a los inversores. «Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token», se puede leer en el documento presentado.
La acción legal está dirigida principalmente contra Hayden Mark Davis, así como su hermano y su padre, el empresario Julian Peh de Kip Protocol, y Benjamin Chow de Meteora. Según la demanda, este grupo habría llevado a cabo una «estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora». Además, se les acusa de inflar de manera artificial el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en un mercado que, en realidad, carecía de estos atributos.
La demanda plantea que Davis y los demás implicados lograron apropiarse de aproximadamente 107 millones de dólares antes de que el valor de Libra sufriera un desplome. El texto judicial argumenta que «los demandados no informaron a los potenciales compradores sobre las verdaderas estructuras de liquidez, el control interno del suministro de tokens ni los mecanismos deliberados que permitían a estos últimos monetizar secretamente sus tenencias de tokens». En lugar de ello, se señala que se creó una narrativa engañosa que presentaba a $LIBRA como un producto legítimo destinado a fomentar el crecimiento económico en Argentina.
Este caso destaca no solo las implicaciones legales para los involucrados, sino también el creciente escrutinio sobre la transparencia en el mundo de las criptomonedas y la responsabilidad de figuras públicas en el respaldo de tales proyectos. A medida que avanza esta demanda, muchos estarán atentos a su desarrollo y las posibles repercusiones para Milei y su entorno.