El Gobierno de Javier Milei ha generado una intensa polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial, que introduce términos considerados ofensivos y obsoletos, como «idiota», «imbécil» y «débil mental», para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual.
La normativa, emitida el 14 de enero por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en discapacidad, quienes argumentan que el uso de este lenguaje representa un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y contraviene los principios establecidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El día de ayer, ante la controversia, el gobierno reconoció el error y ha anunciado que modificará la resolución para ajustarse a estándares internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
Además, se ha informado sobre la destitución de la funcionaria responsable de la suma de estos términos a la resolución, Miriam Améndola, en un intento por demostrar el compromiso del gobierno con el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.