El presidente Javier Milei enfrenta su primera denuncia penal en la Justicia a raíz del escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA. La presentación fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que lo acusa de haber formado parte de una asociación ilícita responsable de una supuesta estafa que habría perjudicado a más de 40 mil personas, con pérdidas superiores a los 4 mil millones de dólares.
La denuncia fue impulsada por Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías; María Eva Koutsovitis, ingeniera y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y Claudio Lozano, economista y presidente de Unidad Popular.
Según el escrito presentado, la operación con $LIBRA constituye «la MEGAestafa más grande de la historia en este rubro», ejecutada a través de una maniobra conocida como rugpull. Este tipo de fraude ocurre cuando los desarrolladores de un token atraen inversionistas para incrementar su valor y, una vez que logran la suficiente acumulación de capital, retiran abruptamente los fondos, dejando sin valor los activos adquiridos por los usuarios.
«Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cayó a cero y los inversores perdieron la posibilidad de intercambiar sus tokens por otros más estables o de curso legal», explicaron los denunciantes.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación. Entre ellas, el allanamiento de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada para secuestrar dispositivos electrónicos, así como la identificación y allanamiento de los domicilios de los denunciados y las empresas involucradas en la maniobra.
Además, pidieron la intervención de la plataforma X (ex Twitter) para preservar el contenido de la cuenta de Milei y otras personas señaladas, incluyendo los registros de publicaciones eliminadas. También solicitaron el bloqueo de billeteras virtuales y cuentas bancarias de los acusados, junto con medidas de trazabilidad de las transacciones vinculadas al token $LIBRA para identificar a los beneficiarios de la presunta estafa.