Los expertos coinciden en que la indigencia y la pobreza seguirán afectando a un porcentaje significativo de la población, dificultando la posibilidad de superar estas situaciones aún cuando la economía comience a mejorar.
La indigencia en Argentina registró un incremento del 131% en el último año, afectando actualmente a más de 6 millones de personas, según un estudio del Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El análisis, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, muestra que 3,4 millones de argentinos cayeron en la indigencia entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, lo que superó el aumento de la pobreza, que creció un 43,3% en el mismo lapso.
Pobreza e indigencia: los datos oficiales
Según el último informe del Indec, el 52,9% de la población argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y dentro de este grupo, el 18,1% vive en situación de indigencia. La línea de indigencia, que define a quienes no pueden acceder a las necesidades alimentarias básicas, refleja un nivel de privación crítica que afecta a millones de argentinos.
Aunque algunos expertos sostienen que este aumento de la indigencia podría ser coyuntural, también alertan sobre la posibilidad de que se convierta en una nueva normalidad si las condiciones económicas actuales persisten.
Juan Ignacio Bonfiglio, investigador de la UCA, señala que las crisis económicas suelen generar picos de indigencia, pero el verdadero desafío radica en si estos picos se revierten o si se consolidan como una nueva base de pobreza estructural.
Riesgos para la pobreza estructural
El informe advierte que este aumento de la indigencia podría tener efectos duraderos sobre la pobreza estructural, un fenómeno que afecta a una parte significativa de la población. “Si se mantienen estos niveles de indigencia por más tiempo, la pobreza estructural sí se incrementará”, alertan los investigadores. Esta tendencia podría impactar especialmente en los niños y jóvenes, cuya privación podría restringir sus posibilidades de superar la pobreza en el futuro.
El estudio estima que el 11,5% de la población argentina ya vive en condiciones de indigencia. En caso de consolidarse esta situación, existe un alto riesgo de que se establezca un “nuevo piso” de pobreza estructural, lo que dificultaría el progreso de quienes viven en estas condiciones, incluso con una eventual recuperación económica.
Consecuencias a largo plazo
Más allá de los ingresos bajos, la indigencia conlleva la falta de acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda, lo que agrava aún más la situación de quienes se encuentran en esta condición.
Bonfiglio explica que la pobreza estructural implica una privación prolongada que impide superar esta situación, incluso con una mejora en los ingresos. “La indigencia no solo es un problema económico, sino también social, ya que la falta de acceso a otros servicios básicos dificulta enormemente la salida de la pobreza”, sostuvo.